OIM y la Defensoría del Pueblo presentan informe “Tratamiento Penal del Tráfico Ilícito de Migrantes en el Perú”

Lima, 2 de julio de 2019.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Defensoría del Pueblo presentaron el informe “Tratamiento Penal del Tráfico Ilícito de Migrantes en el Perú: avances, desafíos y retos”, documento que pone en evidencia las dificultades que enfrentan los operadores de justicia para evaluar la real dimensión de este delito y, además, advierte, que las políticas migratorias restrictivas pueden incrementar la actividad de las redes criminales de tráfico de personas.

“Los principales hallazgos de esta investigación revelan desafíos en relación con la normativa nacional referida al tratamiento de la persona objeto de tráfico y la necesidad de aclarar la legislación existente”, indicó Wendy Sánchez, Oficial a Cargo de la OIM Perú.

Si bien señaló los avances en capacitación a operadores de justicia, Sánchez indicó que aún es una tarea pendiente el trabajo técnico sobre el tráfico ilícito de migrantes, a fin de tener un abordaje especializado desde el inicio del proceso penal. Puntualizando que el hecho de contar con estadísticas claras posibilitaría conocer la real magnitud de este delito en el Perú y poner en evidencia su impacto negativo sobre los derechos de los y las migrantes.

En la investigación, se analizaron los casos de 858 personas objeto de tráfico, en su mayoría hombres haitianos o senegaleses; y a 253 personas investigadas o condenadas, hombres peruanos que en su mayoría eran choferes. Tumbes es la región con una mayor incidencia de este delito. Le siguen Lima Centro, Callao, Madre de Dios, Tacna, Piura, Cajamarca y Puno.

De acuerdo con el Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, las deficiencias encontradas en la investigación pueden acentuarse ante el flujo actual de ciudadanos venezolanos.

Castillo refirió que, si bien el Estado peruano es soberano para fijar políticas migratorias de ingreso al país, debe proteger a las personas y reducir el riesgo que para ellas suponen las organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de migrantes. Ante tal posibilidad, urge articular el trabajo del Ministerio Público y de la Policía Nacional, así como de otras entidades del Estado, indicó.

Fuente: Prensa Defensoría del Pueblo