La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), volvieron a unir esfuerzos técnicos y metodológicos para apoyar el Tercer Congreso Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP).

Por primera vez - en esta jornada de fortalecimiento de capacidades - además de las 14 fiscalías especializadas a nivel nacional, se contó con la participación de fiscales superiores y adjuntos superiores de los distritos fiscales donde se cuenta con una FISTRAP.

“Es fundamental que las investigaciones no dependan únicamente del testimonio de la víctima como principal fuente de información. Los fiscales debemos potenciar nuestras competencias en la utilización de nuevas herramientas y conocimientos para abordar los desafíos en la investigación de la trata y los delitos conexos, respetando el enfoque centrado en la víctima, el trauma, el interés superior de niñas y niños y los derechos humanos”, dijo Juan Carlos Villena Campana, Fiscal de la Nación y Presidente de la Junta de Fiscales Supremos.

También agradeció el constante trabajo interagencial del sistema de Naciones Unidas en el país a favor de mejorar la respuesta penal frente al delito de trata de personas.

Según el Ministerio Público, desde 2020 las cifras del delito se han triplicado y ocurren, en mayor medida, en Lima centro, Lima norte, Arequipa, Madre de Dios y Puno.

Al respecto, Javier Montaño, Jefe de Oficina de UNODC Perú, recordó a los asistentes que no se puede eliminar la convergencia del crimen organizado que ocurre en la región a la hora de buscar estrategias para combatir la trata de personas. “Es importante elevar a la audiencia elementos que pueden estar vinculados como el tráfico de drogas, el manejo de las redes criminales en el ciberespacio y otros que van a hacer la labor más intensa y desafiante”, dijo.

Por su parte, Ítalo Cardona, Director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, destacó la labor del Ministerio Público: “Este Congreso es un paso más hacia el establecimiento de altos estándares de calidad y la especialización de la labor fiscal en materia de trata de personas, explotación y trabajo forzoso.

“Los flujos migratorios en Perú y la región Andina son dinámicos y seguirán cambiando de acuerdo con la situación política y social del territorio, lo cual significa un mayor riesgo para la población migrante ante el delito de trata de personas”, dijo Guilherme Otero, coordinador de programas de OIM. 

Entre los temas abordados, se debatió la distinción entre el delito de trata de personas y los delitos de explotación sexual; la aplicación del enfoque basado en género; los problemas concursales y de tentativa y autoría de la trata de personas, entre otros.

De forma transversal en la discusión de casos, el Congreso destacó las vulnerabilidades de grupos de especial protección como personas en movilidad, en contextos migratorios mixtos, población LGTBIQ+, niñas, niños y adolescentes, entre otros.

“Su trabajo está salvando vidas. La trata de personas pone en peligro a los más vulnerables. Perú y EE.UU. colaboran en mejores prácticas para prevenir este delito y asegurar procesos penales justos”, dijo Justin Davis, Encargado de Negocios, de la Embajada de los Estados Unidos en Perú.

La metodología de estos congresos, que incluye identificación de nudos críticos, buenas prácticas y procedimientos que puedan ser replicados y estandarizados, contó con el apoyo de especialistas externos.

“Agradecemos la participación de fiscales superiores. La meta del Congreso es lograr la unificación de criterios; todos debemos de procurar hablar el mismo idioma y, frente a vacíos normativos, ver cuál es el consenso para lograr interpretaciones jurisprudenciales nacionales e internacionales más optimas”, dijo Rocío Gala, Fiscal Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en delitos de Trata de Personas.

Las tres agencias del sistema ONU en Perú resaltaron la colaboración conjunta a través de sumar ideas, esfuerzos, conocimientos, recursos y experiencias para mejorar la respuesta ante este delito, gracias al apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos (JTIP) y de la Oficina para Población, Refugiados y Migración del Gobierno de Estados Unidos.