La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definieron líneas de acción conjuntas para la lucha contra la trata de personas en el actual contexto migratorio en el Perú, así como para la protección, atención y reintegración de las víctimas. 

Según datos del INEI, durante el primer semestre de 2021, se registraron 277 denuncias por el delito de trata de personas en el país. A nivel nacional, las denuncias por explotación sexual llegaron a 148, además de 78 acusaciones por explotación laboral. Del total de denuncias, 222 afectaron a víctimas mujeres, entre las cuales, el 66,7% tenía entre 18 y 29 años de edad; mientras que otras 52 (23,4%) involucraron a menores de edad.  

Las acciones propuestas fueron el resultado del trabajo de los equipos técnicos de ambas organizaciones, sustentado en cuatro ejes: fortalecimiento de capacidades para operadores que brindan atención a víctimas de trata de personas; asistencia técnica a entidades del Estado; fortalecimiento en la gestión de casos; y gestión de la información a través de herramientas tecnológicas como la creación de una plataforma virtual sobre trata de personas. 

El jefe de misión de la OIM en el Perú, Jorge Baca, y el director de la OIT para los Países Andinos, Ítalo Cardona, acordaron potenciar la lucha contra la trata de personas con un trabajo coordinado para la prevención del delito y la asistencia a las víctimas, entre ambas organizaciones del sistema de Naciones Unidas. 

La pandemia del COVID-19 y la movilidad de refugiados y migrantes de Venezuela puso en evidencia la situación de vulnerabilidad de estas personas frente a delitos de este tipo. 

“Hasta la fecha, la cifra de migrantes de Venezuela en el Perú asciende a más de un millón de personas, quienes enfrentan discriminación, xenofobia y falta de oportunidades laborales, lo que incrementa su situación de vulnerabilidad. Esta alianza con OIT permitirá fortalecer las acciones contra el delito de trata de personas, el que en la coyuntura actual de movilidad humana y de COVID-19 ha encontrado nuevas formas de captar a los grupos más vulnerables”, indicó Jorge Baca. 

Por su parte, Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, hizo referencia a la importancia que reviste la alianza OIT-OIM “para seguir fortaleciendo la capacidad del Estado peruano para prevenir, perseguir y condenar este crimen, así como para identificar, proteger, asistir y reintegrar a las víctimas”. 

Asimismo, señaló que es “imperativo seguir priorizando la lucha contra esta forma de esclavitud moderna, poniendo a las víctimas en el centro del abordaje y considerando que la COVID-19 ha agravado las condiciones de vulnerabilidad de los grupos de riesgo, como la población migrante, los niños, niñas y adolescentes, debido a la pérdida masiva de empleos, el aumento de la informalidad, la reducción de los ingresos y la suspensión parcial de servicios de atención a víctimas”.