La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Perú presenta el estudio “Migración e incidencia delictiva en el Perú”, que explora la posible relación entre la migración venezolana y la incidencia delictiva, usando datos estadísticos y administrativos disponibles públicamente.

Para un análisis más preciso del delito, se necesitan encuestas de victimización, el mejor método para identificar la magnitud y características del delito ya sea que se haya denunciado o no. En Perú, tales encuestas solo cubren delitos patrimoniales sin desagregar datos por nacionalidad del perpetrador o víctima. Por ello, el estudio también utiliza registros administrativos, como atenciones, datos penitenciarios y denuncias policiales, aunque estos reflejan la acción estatal más que el delito en sí.

El estudio revela que solo el 0.15% de la población venezolana en el Perú ha sido denunciada por algún delito, en comparación con el 1.5% de la población peruana. En cuanto a la población penitenciaria, el 4.8% del total son migrantes de todas las nacionalidades, mientras el 3.4% del total son de nacionalidad venezolana, representando el 1.9% del total de la comunidad venezolana en el Perú. En 2022, 23 de cada 100,000 venezolanos en Perú fueron denunciados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, frente a 132 de cada 100,000 peruanos. Además, a agosto de 2023, 6 de cada 100,000 venezolanos estaban recluidos por homicidio simple y calificado, en comparación con 12 de cada 100,000 peruanos. En cuanto a delitos patrimoniales, en abril de 2023, 98 de cada 100,000 venezolanos fueron denunciados, mientras que 412 de cada 100,000 peruanos enfrentaron denuncias similares. En el sistema penitenciario, 95 de cada 100,000 venezolanos estaban internos por robo y hurto, en comparación con 87 de cada 100,000 peruanos. A su vez, 18 cada 100,000 ciudadanos venezolanos en Perú fueron denunciados por delitos contra la libertad, incluido el de violación sexual, frente a 111 de cada 100,000 peruanos. Además, las personas peruanas internas por violación sexual de menor de edad representan el 99.5% del total por dicho delito, y el 12% del total de la población penitenciaria, mientras la población migrante representa el 0.5% del total de ese delito.

El estudio sugiere mejorar la calidad de los datos, incluyendo variables como nacionalidad, departamento, género y edad en los registros. También debe reconocerse que la población migrante venezolana, al igual que la peruana, puede ser víctima de delitos. Es crucial investigar cómo la inseguridad impacta a los migrantes, quienes enfrentan más riesgos y dificultades para acceder a protección y justicia. Esto permite decisiones basadas en evidencia y estrategias focalizadas para prevenir y controlar el delito, y fortalecer la seguridad ciudadana.

Finalmente, se recomienda a las instituciones peruanas, la cooperación internacional y las organizaciones civiles implementar programas de sensibilización y educación para combatir la xenofobia y corregir percepciones erróneas sobre migración y criminalidad.

El estudio fue elaborado gracias al apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (BPRM por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América.