A finales del pasado abril, el Ministerio del Interior de Ecuador recibió la alerta sobre una mujer extranjera de 22 años -traída con engaños al país- que estaba siendo explotada sexualmente en una ciudad ubicada en una provincia del norte. 

Ante esto, las autoridades ecuatorianas activaron el equipo de coordinación de casos y lograron ubicar a la víctima en el Perú, donde el Ministerio del Interior de ese país activó el Equipo de Repuesta Inmediata (ERI). Esta articulación binacional reúne a todas las autoridades competentes de ambos países en materia de lucha contra la trata de personas, y aplicación de la ley y justicia penal. 

Gracias a esta coordinación, la joven fue rescatada e incorporada a los servicios de protección, siendo alojada en una casa de acogida y posteriormente retornó a su país de origen de manera voluntaria y segura. 

Con este proceso, entre Ecuador y Perú se han coordinado ocho casos de trata de personas con fines de explotación sexual que involucran a 10 víctimas; la mayor parte han sido mujeres y adolescentes. Estas iniciativas son posibles gracias al Acuerdo Binacional entre Perú y Ecuador para la prevención e investigación del delito de trata de personas y la asistencia y protección integral de las víctimas, que implementa acciones a través de sus hojas de ruta las cuales se renuevan cada año con el objetivo de mejorar la respuesta frente al delito.  

Precisamente, el Encuentro Binacional 2024 se desarrolló del 14 al 16 de agosto en la ciudad peruana de Tumbes. Allí se citaron autoridades de alto nivel central y territorial de más de 20 instituciones de ambos países que tienen competencia en el combate al delito como la Policía Especializada, Fiscalía, Poder Judicial del Perú y Consejo de la Judicatura de Ecuador, entre otras. 

A través de paneles de discusión y mesas técnicas de trabajo, los delegados debatieron la actualización de los mecanismos e instrumentos binacionales para hacer frente a las dinámicas de la trata de personas en el contexto de los flujos migratorios mixtos en la zona de frontera de Perú y Ecuador; la identificación de nudos críticos; los desafíos y las oportunidades de cooperación para mejorar los mecanismos de respuesta integral. 

Entre ellos se encuentran el Acta de Compromiso, la Declaración de Tumbes y la Hoja de Ruta Binacional 2024-2025 con los que ambas naciones ratificaron el interés de continuar con los mecanismos de cooperación bilateral; definieron la ampliación progresiva de puntos focales a las otras regiones fronterizas entre Ecuador y Perú y la conformación de un equipo de investigación y judicialización. 

Liliana Orillo Viacava, Directora General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior de Perú, destacó  logros alcanzados como las mesas técnicas binacionales, el trabajo de campo en la zona de frontera y la implementación del Equipo Binacional de Respuesta Inmediata (ERI) “que nos ha permitido la atención de casos reportados e identificados a través de comunicación en tiempo real, otorgamiento de medidas de protección en menos de 24 horas, la no criminalización de la migración en un contexto de alta movilidad humana en la frontera norte y la actuación ante la presunción de víctima”, añadió. 

Del lado ecuatoriano también hay satisfacción por los 17 compromisos alcanzados entre los Ministerios del Interior. “Ambos países entendemos la ocurrencia de la trata de personas y reconocemos la existencia de una trata transnacional. En el último encuentro hemos abordado de mejor manera el carácter transfronterizo del delito”, refirió Tomás Guayasamín, titular de la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

A estos encuentros binacionales, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de su Iniciativa TrackForTip, presta asistencia técnica y financiera desde el 2021; esfuerzo al que se ha sumado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

“Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido podemos lograr acciones coordinadas en favor de las víctimas de este delito que afecta principalmente a las personas con mayor vulnerabilidad y los grupos de especial protección como, la población migrante y refugiada venezolana, mujeres en su diversidad, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, entre otras”, dijo Gilberto Zuleta, Oficial Regional del Programa Global contra la Trata de Personas de UNODC. 

Finalmente, las coordinadoras de las sub-oficinas de OIM en Tumbes y Huaquillas, Cecilia Ganoza y Verónica Redrobrán, presentaron los desafíos y nuevas tendencias del delito en la zona de frontera. Ambas reconocieron como un hito de coordinación binacional en esa zona los espacios de atención para personas en situación de movilidad humana y la articulación del grupo de trabajo para refugiados y migrantes (GTRM) binacional.