Perú – Las organizaciones humanitarias del Subsector de Trata y Tráfico Ilícito de Personas, co-liderado por OIM y CARE Perú, del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM Perú), se complacen en anunciar el inicio del Programa de Capacitación en Trata de Personas denominado “Aplicación de Procedimientos Operativos Estándar (POE) para la asistencia y protección de víctimas de trata de personas refugiadas y migrantes en el Perú".

En lo que va del año, la Policía Nacional de Perú, ha rescatado 220 víctimas de trata de personas (205 mujeres y 5 hombres), superando la cifra del año 2020, durante el cual en total se rescataron 478 mujeres víctimas de este delito, 77 de nacionalidad venezolana.

En respuesta a este contexto se elaboraron los Procedimientos Operativos Estándar por el GTRM Perú para identificar a las presuntas víctimas, orientarlas y derivarlas a los servicios estatales competentes y organizaciones que brindan asistencia y protección.

En este sentido, el programa de capacitación implementando por especialistas de agencias de Naciones Unidas como ACNUR, UNODC y OIM, así como CARE Perú, CHS Alternativo y GIZ, busca articular a las organizaciones que brindan asistencia humanitaria y a las entidades de gobierno competentes en la identificación, asistencia y protección de personas refugiadas y migrantes que puedan estar siendo o haber sido víctimas de trata de personas.

A la fecha, se han realizado seis talleres dirigidos a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, socios del Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes (GRTM Perú) y en las regiones de Tumbes, La Libertad y Puno. En las próximas semanas, se llevarán a cabo cuatro talleres de capacitación más con diversas organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales a nivel nacional y subnacional.

Con más de un millón de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, Perú es el segundo país de destino de esta población. Estas personas enfrentan dificultades para el acceso a la salud, trabajo, vivienda, educación, entre otros. Sumado a ello, la coyuntura actual por la COVID-19 profundizó el desempleo y acortó los ingresos económicos de manera general, impactando especialmente en sectores más vulnerables, donde se sitúan las personas refugiadas y migrantes.

Esta situación permite que las redes de trata aprovechen la desprotección que atraviesan las personas refugiadas y migrantes en la búsqueda de oportunidades laborales.

El delito de trata de personas vulnera los derechos humanos ya que tiene como finalidad instrumentalizar al ser humano con el fin de obtener un beneficio económico o de otra índole. Según el Informe Mundial 2020 de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), las principales víctimas de la trata de personas son las mujeres y las niñas; en este grupo las refugiadas y migrantes enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a las brechas salariales, los estereotipos de género que las hipersexualiza y la falta de redes de apoyo, al encontrarse fuera de su lugar de origen.